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Marco de referencia

La igualdad de género ha de ser un objetivo de primer orden para cualquier régimen democrático y por lo tanto es un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de evaluar las intervenciones públicas. Es preciso que la perspectiva de género sea incorporada en el proceso evaluativo. Si bien a primera vista una intervención puede no parecer sexista, ya sea porque se dirija a mujeres (como por ejemplo, los programas específicos de empleo) o porque no haga distinciones entre los sexos (p.e. la reforma laboral), cualquier política o programa puede tener un impacto diferente en la vida de mujeres y hombres así como en la brecha de la desigualdad. Seguramente estas consecuencias no se habrán tenido en cuenta y, por tanto, no se habrían previsto, pero si miramos la realidad incorporando una perspectiva de género, nos daremos cuenta que en numerosas ocasiones se producen efectos no intencionales que reproducen las desigualdades de género y aumentan la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

Desde la década de los 90, diversos organismos internacionales y agencias de cooperación internacional han impulsado la aplicación del enfoque de género en las evaluaciones: el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Agencia de Estados Unidos (USAID), Alemana (GTZ) y Canadiense de Cooperación, el Consejo de Europa o la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995.

En España contamos con la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ambas, instan a incluir el enfoque de género en el diseño e implementación de las evaluaciones de las políticas públicas.

Sin embargo, en general, se podría afirmar que sigue existiendo un déficit en la práctica evaluativa puesto que ésta no integra de manera generalizada una perspectiva de género que tenga en cuenta aquellos aspectos por los cuales las mujeres se encuentran en situación de desigualdad respecto a los hombres. Esto supone un obstáculo para las evaluaciones a la hora de recomendar y señalar posibles alternativas dirigidas a transformar esta realidad. La evaluación pierde su utilidad como herramienta para promover que las políticas, planes, programas y proyectos sean instrumentos más útiles en la reducción de las desigualdades de género.

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